El fortalecido primer ministro inglés, Boris Johnson, decidió a contramano de lo que se viene haciendo en otros países europeos, aflojar la presión sobre los gigantes de internet para crear una legislación que regule los contenidos que difunden a través de sus plataformas. Las ministras de Asuntos Digitales y del Interior presentaron finalmente las propuestas para controlar los contenidos dañinos que circulan por las redes sociales (en concreto, aquellos que son peligrosos para los menores y los relacionados con actividades terroristas y los discursos de odio) y su alcance es mucho menos ambicioso que el que se previó hace un año al iniciar el periodo de consulta pública.
Este tema es muy sensible en el Reino Unido desde el caso de Molly Russell, una menor de 14 años que se suicidó en 2017. Sus padres encontraron en la cuenta de Instagram de la menor contenidos y mensajes angustiosos sobre la depresión y el suicidio. Este hecho provocó un clamor en la opinión pública británica a favor de una mayor regulación de las redes sociales. A pesar de esto, según los medios británicos, el gobierno busca evitar un conflicto con la industria estadounidense en la era post-Brexit, cuando la voluntad de Johnson es cerrar un nuevo acuerdo comercial con Washington y apostar por la innovación y la tecnología como los motores de crecimiento del Reino Unido.
Quizás por eso se anunció de que no se creará un nuevo organismo regulador que controle los contenidos de Internet. El Gobierno de Johnson sugiere que esta tarea recaiga en Ofcom, una agencia que ya regula las actividades de televisiones y radios públicas y privadas, así como de las empresas de telecomunicaciones. Pero Ofcom nunca supervisó contenidos ni mucho menos se ocupó de la protección de la seguridad de los usuarios. Su designación como nuevo «vigilante» de las redes en el Reino Unido genera serias dudas, tanto respecto a su capacidad técnica para controlar un ámbito tan vasto como por su autoridad sancionatoria definitiva.
Otra muestra de que el gobierno de Johnson quiere evitar en este momento post Brexit tan sensible un enfrentamiento con Facebook, Google o YouTube quedó clara cuando las ministras anunciaron que se abrirá una segunda fase de consultas públicas, «hasta la primavera de 2020», antes de tomar una decisión sobre las sanciones futuras.
Es que el Gobierno deberá definir si le da al órgano regulador la potestad de poner en marcha procedimientos penales, señalar como personalmente responsables a directivos concretos de las compañías o incluso adoptar unilateralmente la decisión de bloquear sus contenidos.
Desde algunas de las organizaciones que impulsan controles sobre las grandes empresas tecnológicas, dicen que si no se plantea claramente “la responsabilidad de los directivos, acompañada de acciones penales”, no apoyarán el proyecto gubernamental. Por su parte, las plataformas digitales se defienden insistiendo en su capacidad para autorregularse, aunque en los últimos años no han dejado de surgir varios casos de abusos online a menores.
Este debate también está revelando una interna muy fuerte cerca de Johnson entre Dominic Cummings, el máximo asesor de Johnson en Downing Street (el cerebro de la campaña del Brexit), quien no quiere enojar a las empresas porque impulsa una renovación a gran escala en la economía del Reino Unido en la que la innovación tecnológica sería fundamental, y la ministra del Interior, Priti Patel, una política que a pesar de sus ideas muy conservadoras lucha contra los abusos a menores en internet. «Internet puede ser la herramienta para conectar a las personas e impulsar la innovación pero también el lugar donde se esconden delincuentes, pedófilos incluidos, capaces de causar un gran daño», dijo.
