El informe independiente elaborado a pedido de la alcaldesa Claudia López catalogó a la respuesta policial a las protestas del 9 y 10 de septiembre del año pasado como una masacre policial. Las manifestaciones se desataron tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo.
Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación, declaró que la policía nacional reaccionó de manera desproporcionada, ilegal y contra la humanidad en su gestión de las movilizaciones ciudadanas en Bogotá y Soacha. En consecuencia, 11 jóvenes perdieron la vida.
Asimismo, el documento concluye que la masacre fue producto de la ausencia de una orden, tanto política como operativa, de no utilizar armas de fuego contra los manifestantes. Para los investigadores, ni el Gobierno de Iván Duque, ni el de Claudia López demostraron el liderazgo político necesario para evitar la tragedia.
La “Relatoría de esclarecimiento del 9S” detalla 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el de Ordóñez y de los cuales 11 habrían sido a manos de agentes policiales. Otras dos muertes fueron provocadas por personas vestidas de civil que dispararon contra la masa de manifestantes. Además, la investigación alertó sobre la necesidad de justicia ya que, de momento, la falta de medidas urgentes y la impunidad de los responsables impiden garantizar que la situación no se repita.
La Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Juliette de Riveros, aclaró que el objetivo del reporte no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, sino restaurar la confianza de las instituciones públicas y de la Policía sobre la base de la verdad. En esta línea, Riveros también subrayó que las sanciones inequívocas para los responsables y los ajustes doctrinales en la Policía son fundamentales para brindar justicia a las víctimas.
